El
día 4 de este mismo mes quedó constituido el
grupo de los once países de la Unión Europea,
que a partir del 1 de enero de 1999, han de integrar la Unión
Monetaria, con una moneda común, el euro, gobernada
por un único Banco Central Europeo. Los eufóricos
comentarios con que se ha celebrado este acontecimiento que,
sin duda, puede calificarse de histórico, parecen dar
a entender que, tras el largo proceso, iniciado con las firmas
del Tratado de Roma en 1957, y en el que no ha habido pocas
dificultades y retrocesos, esta vez sí se ha llegado
de verdad a la realización del antiguo sueño
de dar al viejo nombre de Europa un contenido, no sólo
geográfico y cultural, sino también económico
y político, capaz de hacerle participar con preponderante
peso propio en los intercambios mundiales.
LA
FORMACIÓN DE EUROPA
Es
difícil, en estos momentos -y más bajo el título
de esta VI Conferencia Anual de EBEN- "Europa ¿mercado
o comunidad? De la Escuela de Salamanca a la Europa del futuro"-
es difícil, digo, substraerse a la tentación
de evocar, aunque sea en forma esquemática, los grandes
hitos de una trayectoria histórica, cuyo inicio, en
otra ocasión, yo situaba en el año 800, cuando
en la Misa de la noche de Navidad, el Papa León III
colocaba la corona imperial sobre las sienes de Carlomagno,
solemnizando así el nacimiento de Europa como sociedad
política. Europa vel regnum Caroli, la Europa Carolingia
que, sorprendentemente, coincide con la que después
hemos llamado la "Europa de los Seis". Entonces
no se le llamó Europa, sino Universitas Christiana,
porque, aunque el nombre de Europa había sido apuntado
a partir, por lo menos, del siglo VII, se prefirió
el de Cristiandad, ya que lo que importaba no era el territorio,
sino la fe que dictaba un modo de ser y definía la
unidad de unos hombres que, por cristianos, se sabían
interiormente libres.
Esta
Universitas Christiana duró hasta mediado el siglo
XVI, cuando, fracasado, con la paz de Augsburgo, el intento
de Carlos V -mezcla de español y flamenco- de mantener
el Sacro Imperio Romano Germánico como unidad cultural,
se dio paso a la noción territorial; momento en el
cual, congruentemente, resucita el término Europa para
designar el occidente latino, germánico y eslavo, a
impulso, entre otros, del gran humanista que fue Enea Silvio
Piccolomini, más tarde Papa Pío II.
Pasemos
de puntillas sobre los posteriores y diversos proyectos de
organización de la "Sociedad europea", tales
como el "Gran Dessein" del duque de Sully, bajo
Enrique IV de Francia, a mediados del XVII; los pronunciamientos
doctrinales sobre un Estado federal europeo o de una Confederación
europea, a finales del XIX; o, después de la Primera
Guerra Europea, el movimiento Paneouropa, inspirando, por
primera vez, un proyecto destinado a evitar los conflictos
armados, y del que, en los últimos años veinte,
fueron destacados defensores, entre otros, el Conde Sforza,
Bertrand de Jouvenel y Eduard Herriot.
Poco
más podemos detenernos en los nuevos europeísmos
que nacieron de las cenizas de la destrucción ocasionada
por la Segunda Gran Guerra, tras la cual Europa quedó
dividida por fronteras ideológicas, como lo había
sido por razones religiosas en el medioevo. El proyecto de
Unión Aduanera de 1923, el Movimiento Europeo creado
en La Haya en 1948 y el Consejo de Europa nacido en Londres
en 1949, son jalones de esta fase del proceso, que precede
a la que, bajo la misma preocupación por la paz, inician
Jean Monnet y Robert Schuman en 1951, con la creación
de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, seguido,
tras el fracaso de la Comunidad Europea de Defensa, por la
fundación, en 1957, de la Comunidad Económica
Europea, punto de partida, como dije al empezar, de la fase
en la que nos hallamos y que se pretende culminar, con la
puesta en marcha, el 1º de enero de 1999, de la Unión
Monetaria Europea.
EUROPA
FEDERAL O EUROPA CONFEDERAL
En
todo este proceso, sumariamente descrito, desde el principio,
como acertadamente ha dicho Antonio Truyol, se han opuesto
dos concepciones de la unidad anhelada, que a lo largo de
los avances y los retrocesos se han afirmado reiteradamente
y siguen presentes al día de hoy, cuando nos disponemos
a coronar el proyecto. Mientras -dice Antonio Truyol- una
de estas concepciones (unionista) entiende la "unidad"
como una cooperación interestatal de corte tradicional,
con un mínimo de órganos comunes y transferencias
de soberanía, la otra (federalista) propugna la inserción
en una entidad supraestatal con órganos comunes propios
a los que se ceden, ampliamente, las competencias estatales.
A esta diversa concepción de la Unión Europea
me refería yo cuando, en la Lección Inaugural
del curso 1991-92 de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona,
hablaba de la polémica entre la Europa federal y la
Europa confederal, añadiendo que, a primera vista,
parece ser que los "federales" están más
próximos a los socialistas y emparentados, congruentemente
con su concepción de economía centralizada,
planificada e intervenida por el Estado; los "confederales",
en cambio, serían los liberales y sus afines, los cuales
postulan, a grandes rasgos, la primacía del individuo
y de la sociedad civil sobre el Estado. A pesar de que yo,
entonces, animado por el reciente derribo del Muro de Berlín
y del descubrimiento del fracaso del socialismo, auguraba
una cierta posibilidad del triunfo de los "confederales",
la verdad es que, al día de hoy, me parece que, por
suerte o por desgracia, la victoria va siendo de los "federales".
Y el arma de su victoria será precisamente la Unión
Monetaria.
Siempre he defendido, y no he estado solo en esta postura,
que para el perfecto funcionamiento de un Mercado Único
Europeo, con la libre circulación de mercancías,
personas, servicios y capitales, contemplada en el Tratado
de Roma y ratificada en el Acta Única Europea de 1967,
no era, en absoluto, necesaria la moneda única; pero
que, si la moneda única se imponía, la Unión
Política era inevitable. Por esto, lograda la Unión
Monetaria, si ésta persiste, tardaremos más
o tardaremos menos, pero la Unión Política de
corte federal estará asegurada. Cosa que todos comparten,
aunque los que llamé "confederales" lo lamentan,
porque ven venir la centralización estatista y burocrática,
en todos los terrenos, que una federación comporta;
en cambio, los "federales", que ya han hecho oír
su voz -con Jacques Delors a la cabeza- lo celebran, afirmando
que, después del euro, el próximo paso es la
unidad política. A cada uno la tarea de juzgar si unos
futuros Estados Unidos de Europa, con la desaparición
de las seculares identidades nacionales, son deseables o no.
No es este el cometido que hoy me ha sido asignado. Dejemos,
por lo tanto, este asunto, a pesar de la importancia que le
atribuyo, y vayamos a la realidad presente.
LA
ADMISIÓN DE ESPAÑA EN LA UME
Es
ciertamente satisfactorio que España haya sido aprobada,
e incluso "cum laude", para entrar en la primera
ronda de los países que han de configurar la UME. Y
lo es por varias razones. La primera porque, aun siendo incierto
el resultado para nuestro país de la entrada en la
Unión, parece a todas luces evidente que, para nosotros
-tal vez otros países pueden pensar distinto- sería
peor quedarse fuera que estar dentro. La segunda, y más
importante, es que los criterios fijados en el Tratado de
Maastricht, que han servido para examinarnos, son buenos en
sí mismos y todo país debería hacerlos
suyos, aunque no hubiera existido nunca tal Tratado. En efecto;
la tendencia al equilibrio presupuestario, el reducido endeudamiento
público, la baja tasa de inflación, los tipos
de interés reducidos y la estabilidad cambiaria son
cosas buenas de por sí y forzosamente redundan en el
crecimiento de la inversión y el producto. Sin embargo,
el logro de estos objetivos exige políticas que los
gobiernos se resisten a aplicar autónomamente porque
son políticas impopulares y se supone que han de restar
votos electorales a los partidos que las adopten. Por esto,
Alberto Ullastres, a quien solamente ahora algunas calificadas
voces se aprestan a reconocer el meritorio papel desempeñado
en las fases más duras del proceso de "europeización"
de España -mérito que descaradamente le regateó
el gobierno socialista, al excluirle exprofesamente de la
ceremonia que acompañó el acta de adhesión
de España al Mercado Común- Ullastres, digo,
a raíz del Plan de Estabilización y Desarrollo,
afirmaba que, en España, la estabilización se
ha tenido que hacer siempre desde el extranjero. Y así
ha sido también ahora; las exigencias de Maastricht
han servido para que el actual Gobierno, con decidida voluntad
de lograr el ingreso, pudiera justificar ante el país
el empleo de políticas coherentes con el objetivo;
las cuales, al amparo de una fase expansiva del ciclo económico,
han servido para asegurar la admisión, contando, desde
luego, con la benevolencia con que los examinadores, por razones
políticas, nos han aplicado, como han hecho con los
otros países, los criterios de convergencia.
LA
UNIÓN MONETARIA EUROPEA Y EL DESEMPLEO
Sin
embargo, a los fines de mi exposición no me interesa
tanto el éxito logrado por España, como el hecho
de que los once países de la Unión Monetaria
Europea inician su andadura con un grave problema de desempleo
que afecta a no menos de 19 millones de personas, lo que,
en términos medios, supone el paro de un 11 por ciento
de la población activa; aunque sea lamentablemente
cierto que España ocupa el primer lugar de la lista
con una tasa de paro que casi dobla la media.
Algunos
piensan que la creación de la UME producirá,
por sí sola y en forma automática, una expansión
de la economía comunitaria que, a través de
una fuerte creación de empleo, reducirá la tasa
de paro europeo. Pienso que, desgraciadamente, esto no está
asegurado. En mi opinión, es probablemente más
cierto lo contrario. La globalización de los mercados;
la acentuación de la competencia de costes; la política
monetaria común y, en principio, estricta; la ausencia
de un tipo nacional de cambio como válvula de escape
-con independencia de su discutible eficacia a medio plazo-
para remediar las ineficiencias relativas; la necesidad, por
exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, de tender
al equilibrio presupuestario; todos estos condicionantes sugieren
que la única solución para que el ajuste de
los choques, sean asimétricos o simétricos,
no se produzca en forma de más desempleo, sería
contar con una organización económica suficientemente
flexible, sobre todo, aunque no exclusivamente, en lo que
se refiere a los mercados laborales, tanto en el aspecto de
la elasticidad salarial como en el de la movilidad laboral.
La
evidencia es que en los países de la Unión Europea,
aunque en unos más que en otros, la rigidez de la economía
es notoriamente excesiva: hay demasiado intervencionismo estatal
y existen numerosos sectores, sobre todo en el ámbito
de los servicios, en los que situaciones monopolísticas
o de falta de una verdadera competencia, ocasionan que el
aumento de la demanda, en vez de traducirse en aumento de
la producción, con creación de empleo, da lugar,
simplemente, al aumento de los precios. Al lado de esta falta
de liberalización de los mercados de bienes y servicios,
existe en los países de la Unión una regulación
legal del mercado laboral que, bajo pretexto de proteger los
puestos de trabajo y de remediar la situación de los
desempleados, desemboca en una excesiva imposición
sobre los costes salariales, al objeto de financiar la pretendida
seguridad social, y se convierte, en realidad, en la verdadera
causa del alto nivel de paro existente en la Europa continental.
Y
digo continental porque el Reino Unido, que, como es bien
sabido, empezó por distanciarse de la llamada "dimensión
social" del proyecto europeo, y ha acabado desistiendo
de integrarse en la Unión Monetaria, disfruta de una
envidiable tasa de paro que, tras descender sistemáticamente
desde hace 24 meses, se sitúa ahora en el 4,8% de la
población en edad de trabajar. Pero en los países
continentales, con la excepción de Holanda que está
cosechando los frutos de una acertada reforma laboral, los
programas de flexibilización del mercado del trabajo
han quedado en nada y los resultados, en términos de
paro sobre la población activa, no han podido ser más
pobres; aunque en algunos casos el fallo de la reforma pretenda
encubrirse con enfáticas políticas activas de
empleo que no son otra cosa que la creación de innecesarios
empleos públicos o la puesta en marcha de problemáticas
actuaciones, financiadas mediante fondos presupuestarios,
con el consiguiente riesgo de aumento del déficit fiscal.
LA
COMPARACIÓN CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Esta
lamentable situación del empleo en Europa lleva forzosamente
a compararla con lo que, en el mismo campo, sucede en los
Estados Unidos de América, donde, desde hace casi 20
años, el paro ha sido consistente y notablemente inferior
al de Europa, para descender, en el pasado mes de abril, a
tan sólo el 4,3% de la población activa, lo
que permite calificar la economía norteamericana de
situación de pleno empleo. Tan es así que, como
los cronistas de Washington transmiten, hoy, cientos de miles
de comercios y empresas de Estados Unidos exhiben el cartel
de "se necesitan trabajadores", los diarios van
cargados de páginas con ofertas de empleo, y los estadounidenses
vuelven a creer firmemente en la idea de que quien no trabaja
en aquel país es porque no quiere.
Al
comparar la dispar situación entre Europa y EE.UU.,
la pregunta obligada ha de encaminarse a la averiguación
de la causa de la discrepancia. En otros lugares he procurado
demostrar, cosa en la que ahora no puedo entretenerme, que
ni el crecimiento económico, ni la evolución
de la tecnología, entre otras causas aducidas, explican
esta diferencia, que hay que achacar, pura y simplemente,
al modelo socio-económico imperante en uno y otro lugar;
entendido este modelo en sentido amplio. Es decir, referido
a la libertad o intervencionismo en los mercados de bienes
y servicios; al desarrollo del mercado de capitales; a la
presencia o no de empresas públicas en el sector empresarial;
a la facilidad o dificultad administrativa para la creación
de nuevas empresas; y, naturalmente, a todo lo que afecta
a la mayor o menor regulación en la utilización
del factor trabajo.
Así,
comparado con el europeo, el modelo americano, al que se asimila
en gran medida el inglés, a cambio de menor protección
del puesto de trabajo, menor generosidad en el subsidio de
paro y menor duración de tiempo al que el subsidio
se extiende, disfruta de menor desempleo, menor desempleo
juvenil y mayor rapidez de rotación en la pérdida
y recuperación del empleo, con, en consecuencia, menor
duración del tiempo de permanencia en el paro. El modelo
americano, a cambio de menor crecimiento de los salarios reales,
lo cual no quiere decir que los salarios americanos, en términos
de poder de compra, sean inferiores, hoy por hoy, a los europeos;
menores pensiones oficiales de jubilación y otros beneficios
sociales; peor remuneración de los trabajadores menos
calificados; mejor remuneración de los trabajadores
más calificados, lo que, finalmente, se traduce en
mayor diferencia entre los salarios más bajos y los
más altos, es decir, mayor desigualdad social, presenta
mayor crecimiento de la población activa y mayor creación
de empleos, de forma que, aun con una importante destrucción
de puestos de trabajo, propia de una economía no intervenida,
el crecimiento neto del empleo iguala, y hasta supera, el
crecimiento de la población activa.
LOS
MODELOS SOCIO-ECONÓMICOS
Ante
estas contraposiciones, la nueva pregunta es: ¿preferimos
un modelo en el que sean pocos los parados y lo estén
por poco tiempo, aunque los que lo están sufran más
las consecuencias del paro? o ¿preferimos un modelo
en el que hay muchos parados de larga duración, con
gran proporción de jóvenes, pero todos ellos
se benefician de un generoso y largo subsidio de paro? Estas
preguntas nos llevarían a formular la alternativa de
otra forma: ¿preferimos un modelo que prima la libertad
de iniciativa individual y fomenta la aparición de
oportunidades arriesgadas para todos? o ¿preferimos
un modelo que busca la seguridad igualitaria, la protección
del presente y el futuro de todos, recortando, mediante la
intervención del Estado, la libertad individual?
Si
esta pregunta la formulamos a los ciudadanos, es indudable
que los norteamericanos contestarán que están
contentos con su sistema y, de ninguna manera, pretenden la
importación a su país del modelo europeo. Así
lo prueban los resultados de las consultas electorales favorables
al programa republicano, basado en menos Estado, menos impuestos
y menos regulaciones; como lo prueba también que el
Presidente, el demócrata Clinton, al adoptar prácticamente
el proyecto republicano, acepta eliminar del modelo vigente
las adherencias socializantes, para, mediante la reducción
del gasto público, llegar en este mismo año
al superávit del presupuesto.
No
sucedería, desde luego, lo mismo si la susodicha pregunta
la hiciéramos a la ciudadanía europea, que,
acostumbrada a tener cubiertas, sin esfuerzo, todas sus necesidades
básicas, contempla la seguridad, universalizada y burocratizada,
que el Estado de Bienestar le proporciona, como algo consustancial
a su propia forma de vida y a la que no está dispuesta
a renunciar.
A
este respecto, Juan Antonio García Díez, reciente
y prematuramente desaparecido, no hace muchos meses, reconociendo
que el altísimo nivel de paro europeo es la consecuencia
de una economía tan llena de rigideces que no es capaz
de ajustarse a las exigencias de la ortodoxia fiscal y monetaria
si no es generando paro, escribía: "Esas rigideces
son, en gran medida, las que forman ese modelo europeo de
convivencia socioeconómica que oponemos al americano
y que no queremos ver desaparecer. Porque preferimos un sistema
que atenúa las desigualdades aunque genera paro a un
sistema que crea pleno empleo aunque aumente las desigualdades.
Por eso nos resistimos -la opinión pública y
tras ella los políticos- a reformar el mercado de trabajo,
el sistema de protección social, el sistema impositivo
y en general la multiplicidad de regulaciones e intervenciones
que encorsetan a la economía europea." Y, advirtiendo
que, si Europa no avanza con decisión por el camino
de la reforma de su modelo socioeconómico, la aparición
del proteccionismo como alternativa es una amenaza muy real,
concluye que "Europa debería ser capaz de plantearse
una reforma a fondo del modelo europeo que, sin perder aspectos
de solidaridad muy importantes que el mismo contiene, devolviera
a la economía una flexibilidad y una capacidad de adaptación
que hace mucho perdió. Si la Europa de la UME no es
reformista, todo el proyecto puede ser considerado dentro
de unos años como un costoso error".
Esta
es también mi opinión. Aceptando que ningún
sistema de organización social es perfecto, mi preferencia
clara es para el modelo norteamericano, con la sola condición
de que las necesidades vitales de aquellos pocos que no son
capaces de resolverlas por sí mismos queden cubiertas
por el reducido papel subsidiario que corresponde al Estado,
y también, o sobre todo, por la sociedad civil, que,
en ausencia del intervencionismo estatal, ha dado y sigue
dando claras pruebas de solidaridad social, mediante las iniciativas
privadas de que está llena la historia de la humanidad.
Pero dejando claro que los que no están en esta situación
de incapacidad, que son la inmensa mayoría de los ciudadanos,
desprendidos de la drogodependencia estatal, deben abordar
y resolver, ellos mismos, sus problemas, asumiendo el riesgo
del emprendedor -ya que toda persona es empresario de su propio
proyecto vital- convencido, como estoy, del enorme poder creador
del riesgo frente a los paralizantes efectos de la seguridad.
LA
PRIMACÍA MORAL DEL MODELO LIBERAL
Las
razones por las cuales estoy a favor del modelo liberal, imperante
en los EE.UU., no son tanto económicas como morales.
Pienso, en efecto, que este sistema goza de primacía
moral, frente a los modelos socialistas, intervencionistas
o constructivistas, ya que el modelo liberal respeta, ante
todo, la libertad individual que, junto con la racionalidad,
son las características propias y exclusivas del ser
humano, y constitutivas de su dignidad.
En
segundo lugar, mi preferencia por el sistema liberal viene
impulsado por la moral porque, si bien la moral, que no tiene
competencias técnicas, no dice al médico qué
terapias debe elegir, sí le insta para que aplique
aquella que, a su juicio, ha de ser mejor para el paciente;
como tampoco dice al arquitecto cómo debe construir
la casa, pero le responsabiliza del empleo de técnicas
que garanticen la seguridad del edificio. De la misma forma,
ni la moral natural ni la de la Iglesia Católica, a
la que me siento vinculado, me dicen qué sistema económico-social
debo elegir, pero me instan para que elija aquel que, a mi
juicio, de acuerdo con la experiencia, produzca los mejores
resultados o, si se quiere, aquel que se aproxime más
a la realización del "bien común",
entendido como la realización de "todo el hombre",
es decir, su realización integral, y la realización
de "todos los hombres" que constituyen la sociedad;
porque el "bien común" de la sociedad sólo
subsiste en la vida de las personas. Y el sistema que, dentro
de las imperfecciones propias de toda obra humana, cumple
mejor, o, si se quiere, menos mal, el objetivo descrito, es,
a mi entender, el sistema liberal.
LA
ESCUELA DE SALAMANCA
Y
es aquí donde vienen en mi ayuda aquellos colosos que,
entre 1520 y 1617, en esta Salamanca que hoy nos acoge, como
también en Alcalá de Henares y en Lisboa, enseñaron
Teología Moral, desde un gran conocimiento de la
economía, que les permitió establecer,
por primera vez, la teoría cuantitativa del dinero;
descubrir la teoría del tipo de cambio basada en la
paridad del poder de compra; y asentar la teoría del
valor basada en la utilidad, anticipándose tres siglos
a las aportaciones de los marginalistas, uno de los cuales,
Carl Menger, con sus discípulos Böhm-Bawerk y
Wieser, puede considerarse como el fundador de la escuela
austriaca, renovada años más tarde por Mises
y Hayek, y cuyos actuales seguidores no se recatan de proclamarse
en la línea del pensamiento de nuestros escolásticos
de Salamanca.
Todos estos maestros, Francisco de Vitoria (1495-1560), Domingo
de Soto (1494-1560), Luis de Molina (1536-1600), Tomás
de Mercado (1500-1575), Martín de Azpilcueta (1493-1586),
Juan de Medina (1490-1546), Juan de Mariana (1537-1624), por
citar tan sólo los más ilustres, tenían
ante todo preocupaciones pastorales y en sus "Manuales
de Confesores" pretendían resolver los problemas
de conciencia de los negociantes -la naciente clase burguesa-
a la luz de la Teología Moral. Pero lo hacían
no, como desgraciadamente después demasiadas veces
ha sucedido, mediante presuntuosas declaraciones producto
del más profundo desconocimiento de la realidad económica;
sino con el fundamento que les proporcionaba el haber desentrañado
el sentido de las leyes económicas y su núcleo
invariante.
Propiedad privada.- Pues bien, estos escolásticos,
cuyas opiniones y sentencias todavía hoy son altamente
útiles por enjuiciar las actuaciones económicas,
desde el punto de vista ético, fueron partidarios,
en líneas generales, de lo que hoy llamamos liberalismo
económico. Nuestros doctores, siguiendo a Santo
Tomás y a sus continuadores Bernardino de Siena y Antonino
de Florencia, que, además de Santos, fueron los dos
grandes economistas del siglo XV, están por la propiedad
privada como algo que no se opone al derecho natural,
sino que se le sobreañade por conclusión de
la razón, ya que la propiedad privada, por los tres
motivos que da el Aquinatense, es la mejor manera de hacer
eficaz y no conflictivo el dominio universal de los hombres
sobre la tierra. Diversos textos de Vitoria en De iustitia
y de Molina en De iustitia et iure así lo prueban.
El precio justo.- Los doctores salmantinos
estuvieron por el libre mercado y, en especial y
de manera explícita, Francisco de Vitoria, Domingo
de Soto, Luis de Molina y Tomás de Mercado declararon
que el precio moralmente justo no es el precio de
coste, como, con gran detalle explica Francisco de Vitoria,
sino el formado según la común estimación
en la plaza, de acuerdo con la oferta y la demanda, siempre
que haya suficiente número de compradores y vendedores,
es decir, en ausencia de situaciones de monopolio, que estos
doctores tenían por un crimen. Domingo de Soto es contundente
al defender el precio de mercado diciendo que una cosa vale
aquello por lo que puede ser vendida, excluida la violencia,
el fraude y el dolo; es decir, el precio libremente debatido
en un mercado en competencia, palabra que concretamente usa
Luis de Molina, cuando dice que la competencia -concurrentium-
entre muchos compradores, más unas veces que otras,
y su mayor avidez, hará subir los precios; en cambio,
la rareza de compradores los hará descender.
Es
cierto que la mayoría de los doctores escolásticos
en el siglo XVI aceptaban que, al lado del precio al que por
estimación común llega el mercado, al que también
llaman precio natural, estaba el precio establecido
por la autoridad en atención al bien común,
al que llaman precio legal, coincidiendo todos en
que el precio justo lo fijaba la ley o lo determinaba la estimación
común. No podía ser otra la postura, dado el
respeto a la ley y a su cumplimiento que alentaba en estos
tratadistas. Pero no es menos cierto que los maestros salmantinos,
con la sola excepción, al parecer, de Melchor de Soria,
miraban la regulación del precio por parte del Estado
con la mayor desaprobación. Así lo hicieron,
por ejemplo, Luis de Molina y, sobre todo, Martín de
Azpilcueta, quien se opone tajantemente a la regulación
del precio, porque era innecesaria cuando había abundancia,
e inefectiva o dañina cuando había escasez.
Los salarios.- El tema de los salarios fue
abordado por lo autores escolásticos como un tema más
de justicia conmutativa. Frecuentemente se incluía
como un capítulo dentro de los libros que analizaban
los alquileres y arrendamientos (de locatione). Todo lo que
era venta de un factor de producción se analizaba en
el mismo capítulo y, por tal motivo, era muy coherente
tratar allí el tema del salario. Esta tradición
de tratar los salarios como un tema de justicia conmutativa
puede remontarse, al menos, hasta Santo Tomás de Aquino
cuando señalaba que los salarios eran "la remuneración
natural del trabajo como si fuera el precio del mismo",
postura que también adoptaron San Bernardino de Siena
y San Antonino de Florencia, quienes tratan los salarios como
los demás bienes.
En
esta línea, Luis de Molina remarca que el salario se
determina al igual que los demás precios, y el más
tardío Henrique de Villalobos, muerto en 1637, piensa
que en materia de salarios tenemos que juzgar de la misma
manera en que juzgamos el precio de los demás bienes.
Por esto, para nuestros escolásticos, la teoría
del salario justo descansa en la voluntariedad, el libre
consentimiento, excluyendo todo tipo de fraude o engaño.
La necesidad del trabajador no determina el salario, así
como la necesidad del propietario no determina el precio del
alquiler o del arrendamiento. El salario justo es el que resulta
de la libre negociación entre las dos partes.
De aquí que resulte interesante la declaración
de Francisco de Vitoria cuando dice que está obligado
a la restitución el patrono que impone un cierto salario
al sirviente o criado, aunque éste no lo acepte; y
lo explica diciendo que el acuerdo "no fue voluntario
simpliciter, sino que tuvo algo mezclado de involuntario al
margen, es decir, la necesidad, obligado por la cual fue a
servirle, porque no pudo más, por ver que se moría
de hambre y no hallaba donde ir". Y el propio Luis de
Molina reconoce la obligación de restitución
a cargo de los dueños cuando se determine un salario
menor que el ínfimo acostumbrado, bien por ignorancia,
coacción o necesidad del criado. Leonardo Lessio, en
el último período de la segunda escolástica,
también recurría a la oferta y la demanda como
patrón del salario justo e, incluyendo el caso de aquellos
que querían trabajar para adquirir experiencia y aprender
un arte, piensa que es justo que estos aprendices
reciban salarios por debajo del mínimo comúnmente
aceptable.
La
preferencia de los escolásticos de Salamanca por los
menos dotados es clara, como lo prueba el interés que
demostraron, a veces desde bandos opuestos, por las leyes
de pobres, que en su siglo empezaban a promulgarse, como no
es menos evidente la permanente preocupación de los
autores que estamos siguiendo por el bienestar de los trabajadores
y de los consumidores. Sus condenas a los monopolios, los
fraudes, la coerción y los altos impuestos estaban
todas dirigidas a proteger y beneficiar a los trabajadores.
Sin embargo, nunca propusieron que se estableciera un salario
mínimo, convencidos de que un salario por encima
del de estimación común produciría injusticias
y desempleo. En cualquier caso los escolásticos salmantinos,
empezando por Domingo de Soto, nunca consideraron a los salarios
como materia de justicia distributiva, sino conmutativa. Por
esto pensaban que no corresponde a la autoridad determinar
cuáles deben ser los ingresos de los trabajadores.
Ya
sé que algunos se escandalizan cuando oyen hablar de
mercado laboral o de mercado del trabajo, pretendiendo que
el trabajo no es una mercancía. A mi juicio, este escándalo
es infundado. El trabajo tiene dos dimensiones, como claramente
puso de relieve Juan Pablo II en su Encíclica "Laborem
Exercens", publicada en 1981. El Papa, en efecto, distingue
entre "el trabajo en sentido objetivo",
el cual halla su expresión en las varias épocas
de la cultura y de la civilización" y el "trabajo
en sentido subjetivo", derivado del "hecho
de que quien lo ejecuta es una persona", señalando
que "las fuentes de la dignidad del trabajo deben buscarse
principalmente no en su dimensión objetiva, sino en
su dimensión subjetiva", porque "el primer
fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo, su sujeto".
Pues bien, el sentido subjetivo del trabajo es el que nos
obliga a valorar al que trabaja de acuerdo con la dignidad
que corresponde a la persona humana. El sentido objetivo se
refiere a lo que la persona produce con su trabajo y, en este
sentido, es correcto hablar del trabajo como factor de producción,
como hacían los escolásticos que hoy nos guían,
y es lícito valorar este factor de acuerdo con las
reglas del mercado. Pienso que se puede complementar el fundamento
de lo que digo, pensando en el capital, que es otro factor
de producción, y en el que también cabe distinguir
un valor subjetivo, ya que es también el hombre quien
aporta el capital, valor subjetivo que obliga, por ejemplo,
a poner los medios para asegurar la integridad y devolución
del capital aportado. Pero el capital tiene, como el trabajo,
un valor objetivo que es lo aportado por el propietario del
capital y es este valor el que se mide en el mercado de capitales,
como en el mercado laboral se mide el valor objetivo del trabajo.
Tamaño
del Estado y gasto público.- Podríamos
extendernos en muchos otros temas que permiten afirmar que
la postura económica de la Escuela de Salamanca, sin
duda, teólogos y moralistas ortodoxos, presenta notables
coincidencias con los enfoques del liberalismo moderno. Sin
embargo, terminaré ocupándome tan sólo
de lo que se refiere a su opinión sobre el tamaño
del Estado y los gastos públicos, por
ser éste uno de los puntos claves en la diferencia
entre el sistema intervencionista europeo y el sistema liberal
norteamericano que, con la vista puesta en el grave problema
del desempleo que afecta a la recién creada UME, estamos
comparando.
A este respecto, Alejandro Chafuen, en el libro que en traducción
española se titula "Economía y Ética",
dice que los escolásticos entendieron correctamente
que las ideas prevalentes acerca de cuáles deben ser
las funciones del gobierno tienen una influencia decisiva
en las opiniones respecto de la legitimidad y el monto del
gasto público. Para la mayoría de los escolásticos
que analizaron las estructuras políticas, lo más
importante no era tanto el sistema político sino más
bien los derechos y las condiciones disfrutadas por los ciudadanos.
Y para probar que, para estos escolásticos, la sociedad
es anterior al poder gubernamental cita a Juan de Mariana
quien dice: "sólo después de constituida
la sociedad podía surgir entre los hombres el pensamiento
de crear un poder, hecho que por sí solo bastaría
a probar que los gobernantes son para los pueblos, y no los
pueblos para los gobernantes, cuando no sintiéramos
para confirmarlo y ponerlo fuera de toda duda el grito de
nuestra libertad individual, herida desde el punto en que
un hombre ha extendido sobre otro el cetro de la ley o la
espada de la fuerza".
La
existencia de gobierno, por sí misma, significa un
límite a la libertad. Para Mariana este límite
era necesario, pero para ser válido debía estar
fundamentado en la voluntad popular: "si para nuestro
propio bienestar necesitamos que alguien nos gobierne, nosotros
somos los que debemos darle el imperio, no él quien
debe imponérnoslo con la punta de la espada".
Como la necesidad de adoptar medidas para preservar la paz
es una de las principales razones para justificar la existencia
de gobiernos, parece apropiado concluir que una de las principales
funciones de un gobierno legítimo es la de proteger
los derechos de propiedad. Mariana era un crítico acérrimo
de notorios gobernantes que no respetaron los derechos personales
como es debido.
Ya
en el siglo XVII, Pedro Fernández de Navarrete criticaba
el elevado número de personas que vivían del
Estado "chupando como harpías el patrimonio real",
mientras que el miserable labrador está "sustentándose
de limitado pan de centeno, y algunas pobres yerbas",
y dice que gran parte del gasto público emana de la
excesiva cantidad de cortesanos (los burócratas de
los siglos XVI y XVII) y por eso "es bien descargalla
de mucha parte della". "No basta con prohibir y
estorbar que la corte se hinche de más gente, sino
con limpiarla y purgarla de la mucha que el día de
hoy tiene. Y aunque se juzgue que esta proposición
tiene mucho de rigor, por ser las cortes patria común,
es inexcusable el usar deste remedio, aviendo llegado el daño
a ser tan grande y tan evidente". No resulta difícil
trasladar estas atinadas, aunque duras, reflexiones a la actual
situación europea caracterizada, a mi juicio, por una
hipertrofia del Estado.
De
hecho, el tan citado Padre Mariana, no dejó de advertir
que el excesivo gasto público, tanto entonces como
hoy, es la causa esencial de la depreciación de
la moneda, es decir, de la inflación,
que es el impuesto más injusto, porque no es aprobado
por ningún Parlamento y porque afecta principalmente
a los menos pudientes. Por otra parte, es bien conocido el
proceso inquisitorial que sufrió por criticar en su
"De monetae mutatione" las manipulaciones del duque
de Lerma, bajo Felipe III, para salir de la quiebra del Estado.
Las fuentes de la moralidad.- Entiendo que
los juicios morales que, desde su profundo conocimiento de
la economía, emitieron los doctores de la Escuela de
Salamanca son importantes porque nos hacen ver que, para ellos,
la economía de libre mercado, fundamento del modelo
anglosajón, que venimos comparando, por sus frutos,
con el europeo continental, no tiene, en sí mismo,
nada de inmoral. Pero no debemos perder de vista que estos
maestros en Teología, cuya principal preocupación,
como ya he dicho, no era económica sino pastoral, no
olvidaban, de acuerdo con la doctrina tradicional, las tres
fuentes de la moralidad: la naturaleza de la propia
actividad; la intencionalidad del agente; y las circunstancias,
entre las cuales ocupan lugar preferente las consecuencias.
Pero juzgando siempre a la luz conjunta de los tres elementos
descritos; de forma que no se puede decir, como pretenden
los consecuencialistas, que una acción es buena si
sus consecuencias lo son; ni tampoco es válido afirmar,
como pretenden los subjetivistas o relativistas, que una acción
es buena si la intención lo es. Hace falta que, además
de estas dos condiciones, la naturaleza de la propia acción
sea buena. Así, por ejemplo, hablando del beneficio,
los salmantinos dicen que si ha sido logrado sin fraude o
coacción, en un mercado libre, es totalmente legítimo,
cualquiera que sea su importe, pero su bondad queda dañada
si ha sido obtenido con actividades moralmente malas,
contrarias al bien común, o ha sido perseguido, con
intencionalidad torcida, a toda costa, a cualquier
precio, empleando procedimientos que repugnan a la dignidad
de la persona humana.
EUROPA:
MERCADO O COMUNIDAD
Pienso
que la doctrina que acabo de exponer, universal y permanentemente
válida, resulta útil para el tema que hoy nos
ocupa. En el título general de esta VI Conferencia
Anual de EBEN, debajo del lema Europa, se pregunta: ¿Mercado
o Comunidad? No hay, a mi juicio, contradicción
alguna entre las dos cosas. El mercado se realiza entre personas
y, por lo tanto, puede decirse, como en especial se dice de
la empresa, que el mercado es, ante todo, comunidad de
personas y que, en consecuencia, el mercado no hay que
demonizarlo -ni tampoco sacralizarlo- sino encauzarlo de modo
que respete la dignidad de las personas.
Volviendo
a la Escuela de Salamanca, si por economía de mercado,
prevaleciente en el modelo anglosajón de organización
social, hay que entender un sistema basado en la propiedad
privada de los bienes, incluidos los medios de producción;
en el que los precios de bienes, servicios y factores se forman
en el mercado, sin intervención del poder y en ausencia
de violencia, fraude o dolo; y en el que todos puedan tomar
sus decisiones libre y responsablemente, reteniendo el resultado
del éxito y asumiendo las consecuencias del fracaso,
al filo del 1600, este sistema no era juzgado negativamente
desde el punto de vista moral. Las censuras de los moralistas
iban dirigidas, en el caso de que se diera, a la maldad de
la materia objeto del mercado -finis operis- y, en
el supuesto de que existiera, a la perversa intención
del mercader -finis operantis-; pero no al mercado
en sí, ni al beneficio como legítimo objetivo
de los que operan en el mercado.
Lo
mismo hay que decir en relación con el Magisterio de
la Iglesia al día de hoy. Juan Pablo II en la Encíclica
"Centesimus Annus", en la que acepta por parte de
la Iglesia, con determinadas condiciones, el modelo capitalista
de organización de la economía, hace, al mismo
tiempo, no sólo advertencias sobre el funcionamiento
del modelo, sino que también formula críticas
y muy severas a determinados modos de comportamientos en las
sociedades contemporáneas. Pero esta censuras a los
fallos morales, que sin duda se hallan tanto en los países
donde impera el modelo anglosajón, como, y tal vez
en mayor escala, en aquellos en que rige el modelo europeo
continental, no van dirigidas contra el liberalismo económico.
El propio Papa lo aclara cuando señala: "Estas
críticas van dirigidas no tanto contra un sistema económico,
cuanto contra un sistema ético-cultural".
Y, en la misma Encíclica, al tiempo que reclama un
sólido contenido jurídico para el buen funcionamiento
de la economía de mercado, dice que "este sistema
no puede desenvolverse en medio de un vacío constitucional
jurídico y político".
LAS
TRES FACETAS DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL
Con
estas dos advertencias creo que tenemos lo suficiente para
afirmar que desde el punto de vista ético, el deseable
resultado del proceso de asignación de recursos dependerá
de diversos factores. En primer lugar, de las ideas, valores
y creencias sobre el hombre, la sociedad, el bien, la
felicidad, etc., los cuales, a través de un proceso
histórico-cultural, desembocan en un conjunto de reglas,
aceptadas por la sociedad, para el comportamiento individual
ante situaciones concretas. El resultado dependerá,
en segundo lugar, de las instituciones que en forma
de organizaciones, mecanismos, leyes y normas, configuran
el marco político-jurisdiccional al que los agentes,
para la toma de decisiones, se hallan sometidos o gracias
al cual están protegidos tanto frente a terceros como
frente al propio Estado. Y, en tercer lugar, el resultado
dependerá inexorablemente de las leyes invariantes
por las que se rige el proceso de asignación de bienes
y recursos escasos, también los inmateriales, a fines
alternativos.
Por
lo tanto, la conjunción de estos tres órdenes
de factores nos dice que, aun siendo las leyes económicas
invariantes, los actos puestos en juego por los agentes producirán
resultados económicos y sociales distintos, según
sean los sistemas ético-cultural y político-jurisdiccional
que, respectivamente, motivan y enmarcan la actuación
de los agentes. Es decir, distintas axiologías
y distintas organizaciones político-jurídicas
producirán resultados económicos distintos por
la mera operación de las mismas leyes económicas
generales, siendo posible predecir, gracias a lo que sabemos
de estas leyes económicas, que tales o cuales situaciones,
por muy deseables que sean, son o no en realidad posibles,
ya que las decisiones tomadas al objeto de alcanzarlas producirán
unas determinadas consecuencias que coincidirán o no
con el resultado pretendido.
EL
MODELO DESEABLE PARA LA UNIÓN EUROPEA
Entendidas
las cosas de esta forma, resulta sencillo concluir que la
Unión Europea debe modificar su sistema económico-social,
adaptándolo al modelo anglosajón, cuyas ventajas
hemos visto, procurando ciertamente corregirlo de los defectos
que pueda tener. Pero dejando bien claro que esta corrección
no debe hacerse intentando interferir en el núcleo
invariante de las leyes económicas, mediante el mantenimiento
de la intervención estatal, ni siquiera a un nivel
más reducido que el que actualmente tiene en Europa.
Todo empeño en este camino, en mi opinión, está
destinado al fracaso tanto desde el punto de vista económico,
como desde el punto de vista ético, aunque algunos
consideren cubierto este último aspecto aduciendo la
que llaman solidaridad del modelo europeo y que no es otra
cosa que la burocratización de la seguridad universalizada.
El verdadero camino para que el modelo anglosajón a
importar dé mejores resultados, desde el punto de vista
moral, no puede ser otro que la mejora del sistema de
valores y del sistema institucional, que, con
el sistema económico, forman como una unidad.
Y
¿cómo podemos proceder a esta mejora de los
sistemas cultural e institucional? En esta tarea el principal
recurso del hombre es el hombre mismo, es decir, su capacidad
de conocimiento que se pone de manifiesto en el saber
científico; su capacidad de aprender que se
traduce en los hábitos virtuosos; su capacidad asociativa
que se concreta en la organización solidaria; y su
capacidad de intuir y satisfacer las necesidades
de los demás. Somos, por lo tanto, nosotros, los asociados
en EBEN o en otras organizaciones similares, y aquellos que
individualmente comparten las mismas preocupaciones, los que
debemos esforzarnos por hacer comprender a todos los que estén
a nuestro alcance que todo acto humano, es decir racional
y libre, además y antes, ontológicamente, de
los efectos sociológicos, políticos, etc., tiene,
para el propio agente, tres valores: económico,
psicológico y ético. Dichos valores corresponden,
respectivamente, al valor de lo que hace el sujeto
en cuanto con ello otra persona puede satisfacer sus necesidades
(valor económico); al aprendizaje para hacer
cosas que el sujeto consigue por el hecho de hacerlo (valor
psicológico); y, por último, al cambio
que se produce en el sujeto en función de los motivos
que le impulsaron a actuar (valor ético).
El
valor económico de los actos del sujeto tiene
su origen y explicación en la satisfacción de
las necesidades humanas y, en función de la utilidad
que proporcionan los bienes o servicios producidos por tales
actos, se refleja, más o menos perfectamente, en los
precios de mercado de dichos bienes y servicios. El valor
psicológico y el valor ético de los
actos humanos son valores subjetivos, es decir, expresan
realidades que se producen en el interior de las personas
y, en consecuencia, no pueden ser objeto del mercado, pero,
para la mejora tanto de las personas como de las instituciones,
que, al fin y al cabo, son obra de las personas, es absolutamente
necesario que estas realidades sean de signo positivo. Y esto
será así, si logramos que todos los que actúan
dentro del sistema de economía liberal, que es el que
propugno como el mejor camino para la Unión Europea,
después de analizar la factibilidad de las
alternativas, a la luz de su valor económico,
expresado por los indicadores del mercado, tomen sus decisiones
en función del valor ético y del valor psicológico
que tengan las alternativas en juego, en orden al bien común,
entendido, según ya dije, como el desarrollo integral
de todos los hombres que, unidos en la comunidad de personas
que ha de ser la Unión Europea, participan, activa
o pasivamente, en el mercado.
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