El
30 de diciembre de 1987, Juan Pablo II suscribía Sollicitudo
rei socialis. En esta Encíclica, el Papa evocaba
tres indicadores específicos del subdesarrollo: la
crisis de la vivienda, el desempleo o subempleo y la deuda
internacional, cuestión a la que la Pontificia Comisión
"Iustitia et Pax" había dedicado, un año
antes, un documento específico. Después de afirmar
que ese último indicador, la deuda internacional, lo
era también de la interdependencia existente entre
los países desarrollados y los menos desarrollados,
el Papa decía, textualmente, que la razón
que movió a los países en vías de desarrollo
a acoger el ofrecimiento de abundantes capitales disponibles
fue la esperanza de poderlos invertir en actividades de desarrollo.
En consecuencia, la disponibilidad de los capitales y el hecho
de aceptarlos a título de préstamo puede considerarse
una contribución al desarrollo mismo, cosa deseable
y legítima en sí misma, aunque quizás
imprudente y en alguna ocasión apresurada.
Habiendo
cambiado las circunstancias, tanto en los países endeudados
como en el mercado internacional financiador, el instrumento
elegido para dar una ayuda al desarrollo se ha transformado
en un mecanismo contraproducente. Y esto ya sea porque los
países endeudados, para satisfacer los compromisos
de la deuda, se ven obligados a exportar los capitales que
serían necesarios para aumentar o, incluso, para mantener
su nivel de vida, ya sea porque, por la misma razón,
no pueden obtener nuevas fuentes de financiación indispensables
igualmente.
Por
este mecanismo, el medio destinado al desarrollo de los pueblos
se ha convertido en un freno, por no hablar, en ciertos casos,
hasta de una acentuación del subdesarrollo.
LAS
DISTINTAS POSTURAS
En
1990, participé en una obra colectiva, promovida por
la Asociación para el Estudio de la Doctrina Social
de la Iglesia (AEDOS), sobre la Encíclica Sollicitudo
rei socialis y me correspondió hacerme cargo del
capítulo "la deuda exterior de los países
en desarrollo". Releído ahora aquel texto, compruebo
que prácticamente todo lo que entonces decía
sigue siendo válido al día de hoy. En efecto,
a pesar del tiempo transcurrido y de los diversos y reiterados
esfuerzos realizados, parece que los problemas derivados del
excesivo endeudamiento de los países pobres siguen
subsistiendo. Así puede deducirse de las muchas voces
que, a este respecto, se oyen, aunque no todas emiten el mismo
sonido. Desde las de aquellos que, sin matizaciones de ningún
orden, exigen, en discursos y manifestaciones, que se proceda
a la cancelación pura y simple de la deuda de un elevado
número de países, hasta las de quienes aseveran
que la pretensión de perdonar la deuda de los países
del Tercer Mundo es un puro disparate, que sólo objetivos
demagógicos impulsan a proponer.
Como
siempre, entre ambos extremismos, se sitúan posiciones
más equilibradas que, sin dejar de denunciar el comportamiento
demagógico de algunos que juegan a lo "políticamente
correcto" -ya que son muchos los que, simplemente por
bien parecer, se apuntan a reclamar el perdón- admiten,
sin embargo, la necesidad de buscar una solución al
problema, tanto por razones humanitarias, como para conjurar
el riesgo potencial que, para el buen funcionamiento del sistema
económico en su conjunto, supone la pervivencia del
endeudamiento de los países pobres.
Entre
estas posturas equilibradas, está la del Papa Juan
Pablo II que, dada su significación como máxima
expresión del pensamiento de la Iglesia, quiero traer
a colación, porque, a mi juicio, merece ser tenida
en cuenta frente a declaraciones de otras instancias eclesiásticas,
menos matizadas, sin duda por menos científicamente
fundadas, que las del propio Papa.
Juan
Pablo II, que en "Tertio Millenio Adveniente" volvió
al tema, ahora, con motivo del Jubileo del año 2000,
dice: el problema es complejo y no tiene fácil
solución. Sin embargo, debe quedar claro que no es
sólo de índole económica, sino que afecta
a los principios éticos fundamentales y es preciso
que encuentre espacio en el derecho internacional, para que
sea afrontado y resuelto de forma adecuada según perspectivas
a medio y largo plazo. Es necesario aplicar una "ética
de la supervivencia" que regule las relaciones entre
acreedores y deudores, de modo que el deudor en dificultad
no cargue con un peso insoportable. Se trata de evitar especulaciones
abusivas, hallar soluciones mediante las cuales los que prestan
tengan mejores garantías y los que reciben se sientan
comprometidos a realizar reformas globales efectivas por lo
que atañe al aspecto político, burocrático,
financiero y social de sus países.
Una
vez más, el texto del Papa recuerda la postura de la
Iglesia en relación con las cuestiones económicas.
La Iglesia no tiene competencia técnica para proponer
soluciones a los problemas de esta índole. Por esto
el Papa no dicta soluciones; dice que se busquen. Porque la
Iglesia tiene una palabra que decir cuando está en
juego la dignidad humana. Este es el caso, no seguramente
por culpa de los prestamistas, aunque a los que en los años
70 y 80 empezaron el juego no quepa eximirles de imprudencia;
la culpa, a juicio de economistas prestigiosos, radica más
bien en los gobiernos de los países endeudados, como
después comentaremos. Pero sea de quien sea la culpa,
el hecho es que son muchas las personas que están sufriendo
a consecuencia del peso de la deuda, es decir, del pago de
sus intereses y amortizaciones.
Y
este lamentable hecho, exige que todos aquellos que se sientan
con capacidad investiguen y propongan las soluciones que el
Papa demanda, como hemos visto, para que los que prestan
tengan mejores garantías y los que reciben se sientan
comprometidos a realizar reformas globales efectivas.
En esta línea se inscribe la convocatoria de este IV
Simposio Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad de Navarra, que estamos
celebrando y al que agradezco haber sido invitado.
*
* *
ORIGEN
Y EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA
En
primer lugar, parece razonable que, si queremos sugerir soluciones
al problema que nos ocupa, lo cual, como es de rigor, supone
antes definirlo, recordemos, aunque sea muy brevemente, los
orígenes del mismo, las variaciones en su contenido,
y la suerte que han corrido las iniciativas puestas en juego
en diversos momentos de una historia que dura ya cerca de
treinta años. De esta forma, tal vez, resulte posible
comprender qué hay que entender, por ejemplo, cuando
el documento Al servicio de la comunidad humana: una consideración
ética de la deuda externa habla de "aceptar
la corresponsabilidad", como una de las premisas básicas
para la salida de la crisis, ya que si bien este documento
de la Comisión Pontificia "Iustitia et Pax"
fue publicada en diciembre de 1986, el Papa, que ya en 1987
lo había asumido, recientemente ha aludido de nuevo
a él, confiriéndole el carácter de postura
del Magisterio en esta materia.
Para
hacer, pues, algo de historia, baste recordar:
1)
Que la aparición masiva de deuda exterior de países
en desarrollo tuvo lugar con motivo del reciclaje de los fondos
procedentes de los países productores de petróleo,
entre 1973 y 1979, que la banca internacional realizó,
de acuerdo con los modelos de la época, apoyándose
en supuestos que los sucesos posteriores, a partir del estallido
mexicano del verano de 1982, demostraron que eran falaces.
2)
Que las primeras soluciones, basadas en la reestructuración
del servicio de la deuda, difiriendo los vencimientos, fracasaron,
como lo demostró el hecho de que las reestructuraciones
hubieran de repetirse una y otra vez, reestructurando lo ya
reestructurado y aplazando lo antes aplazado.
3)
Que no corrió mejor suerte el Plan Baker, presentado
a finales de 1985, con la pretensión de relanzar el
crecimiento económico en los principales países
deudores, a los cuales la banca internacional debería
suministrar nuevos fondos para el fomento de la inversión,
mientras los gobiernos de los países endeudados deberían
tomar aquellas medidas necesarias para asegurar este crecimiento
de sus economías, eliminando los obstáculos
que lo dificultaban y, en particular, aquellas restricciones
que hacían al país poco atractivo desde el punto
de vista de los inversores extranjeros.
4)
Que, a los préstamos de los bancos privados que asumieron
directamente el riesgo de impago, se sumaron los otorgados
por los mismos bancos privados, dentro del mecanismo de seguro
gubernamental de crédito a la exportación, los
concedidos directamente por los gobiernos de los países
industrializados con cargo a los fondos de ayuda al desarrollo
(FAD) y los procedentes de las instituciones financieras internacionales,
como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y
otros bancos regionales de desarrollo.
5)
Que, vista la ineficacia de las soluciones, excesivamente
optimistas, hasta entonces preconizadas, en 1989, se produjo
la propuesta Brady, que, con el paso del tiempo, ha dado lugar
a un cierto número de soluciones válidas dentro
de un abanico que comprende, entre otras modalidades, la aportación
de nuevos recursos financieros, como los que proporcionan
las instituciones de Bretton Woods, tras un oportuno plan
de ajuste; la reestructuración y refinanciación
de las deudas contraídas con bancos privados, en el
seno del Club de Londres, y con entidades oficiales, en el
seno del Club de París; y la conversión de la
deuda en inversiones, mediante la compra, con descuento, por
parte de una empresa que, a su vez, la vende, con menor descuento,
al gobierno del país deudor, contra pago, en moneda
local, del importe que la empresa destina a financiar su inversión
en el país.
6)
Que, a pesar de la racionalidad de estos caminos, los escasos
resultados obtenidos, han dado paso a la última iniciativa
del Banco Mundial y del FMI, bajo el título HIPC (en
español, países pobres muy endeudados, PPME)
adoptada originariamente en 1996, y reforzada en 1999, con
la pretensión de abordar globalmente el problema de
la deuda de unos 33 países, puesto que no se prevé
que todos los 41 países clasificados como elegibles
puedan cumplir las condiciones del proceso, en particular
por la persistencia de problemas bélicos en algunos
de ellos. (Callando que las armas para estas guerras proceden
de los países del G-7). A estos países, a condición
de que adopten políticas económicas y sociales
apropiadas, se les reduciría la deuda externa hasta
niveles que les resulten sostenibles, a fin de evitar que
los programas de ajuste y de reforma corran peligro de no
llegar a buen fin, a consecuencia de la excesiva carga derivada
del servicio de la deuda.
Aunque
la iniciativa PPME ha recibido el apoyo oficial de unos 180
países, el informe emitido en abril de este año
por el Banco y el Fondo da a entender, por un lado, que hasta
ahora son pocos los países endeudados que, habiendo
presentado el plan de estrategia global encaminada a fortalecer
el buen gobierno y la lucha contra la pobreza, han alcanzado
el punto de decisión para implantar la iniciativa.
Y, por otra parte, que queda mucho por hacer para identificar
recursos suficientes para financiar los costes de la iniciativa
PPME, estimados, en términos actualizados, en unos
28.200 millones de dólares, a repartir, en partes iguales
entre los acreedores bilaterales y los multilaterales.
Las
expectativas del Comité Ministerial conjunto del Banco
y del Fondo son que, si bien se prevé que posiblemente
20 países podrían llegar a reunir las condiciones
para recibir alivio de la deuda este año, ello depende
considerablemente de los avances que se logren en cuanto a
la formulación por estos países de estrategias
válidas para la reducción de la pobreza. Al
mismo tiempo, insiste el informe, se volverá cada vez
más acuciante la necesidad de obtener suficiente financiación
para cubrir los mayores costos del marco reforzado de la iniciativa,
ya que los compromisos hasta ahora contraídos por presuntos
donantes distan mucho del total necesario.
*
* *
ANÁLISIS
DEL PROBLEMA
Llegados
a este punto, a la vista de los magros resultados logrados
y teniendo en cuenta la persistencia de los escalofriantes
datos socio-económicos, sobre todo, de algunos de los
países subsaharianos, la pregunta que inmediatamente
salta a la mente es si estamos andando por el buen camino.
La respuesta depende de la relación que cada uno establezca
entre endeudamiento y pobreza. Para aquellos que piensan que
la deuda externa es la causa del estancamiento de los países
pobres en su pobreza, la subsiguiente pregunta será
¿qué hacer con la deuda? Y las contestaciones
serán, desde luego, diversas y distintas. Para unos,
representados por las ONG's y otras entidades de muy diversos
géneros que protagonizan las campañas sobre
este problema, lo que hay que hacer es pura y simplemente
perdonar, con carácter inmediato, la totalidad de la
deuda a los 50 países más pobres, sin condición
alguna, ya que estas organizaciones consideran que las exigencias
del Banco Mundial y del FMI, para que la reducción
de la deuda vaya acompañada de reformas políticas
y medidas económicas de ajuste, son incumplibles, porque
estos países necesitan los recursos liberados por el
perdón de la deuda para atender a las necesidades de
supervivencia de sus poblaciones. Las razones en que se basan
las promotoras de la campaña pro perdón total
son, por un lado, la miseria, la mortalidad infantil, la corta
esperanza de vida, la pésima sanidad y la falta de
escolarización en que se debaten estos países
más pobres; y, por otro lado, que la cantidad a perdonar
no significa apenas nada para los opulentos países
industrialmente desarrollados.
Para
otros -me refiero todavía a los que piensan que la
deuda puede ser causa de la pobreza- lo que hay que hacer
con la deuda es "lo justo, ni más ni menos",
como decía en noviembre pasado el malogrado Manuel
Guitián, funcionario modélico del FMI, añadiendo
que, si bien lo justo es pagar las deudas, este principio
puede cumplirse mediante acuerdos entre deudores y acreedores
que, excluyendo el "riesgo moral" implícito
en las soluciones que no son de mercado, distribuyan equitativamente
el coste de resolución del problema. Lo cual supone,
por parte del acreedor, la reducción e incluso condonación
de la deuda, a cambio del compromiso del deudor para reequilibrar
la situación económica. En suma, pensaba Guitián
y con él entiendo que el Banco y el Fondo, lo justo
es mantener la "santidad de los contratos", pero
reconociendo que la renegociación, en las circunstancias
en que se hace necesaria, es parte de esa "santidad".
Como se ve, esta postura es aparentemente menos "generosa"
-entre comillas- que la de los partidarios del perdón
total.
Pero,
hay quienes, sin negar que pueda existir alguna relación
entre deuda y pobreza, se muestran más rigurosos, invocando
razones en contra de la condonación o reducción
de la deuda externa. En síntesis, estas razones son:
1)
Que la condonación e incluso la reducción de
la deuda, sin condiciones, va en contra de los principios
básicos del derecho mercantil, generando en los prestatarios
la idea de que se puede pedir dinero sin preocuparse de su
devolución.
2)
Que si se perdonan las deudas a los países en desarrollo,
los bancos y, en general, las instituciones financieras, privadas
y públicas, e incluso los gobiernos, no estarán
dispuestos a conceder nuevos préstamos a estos países;
con lo cual se habrá aliviado la situación actual,
a cambio de cerrar las posibilidades del futuro.
3)
Que perdonar total o parcialmente la deuda a todos los países
clasificados como muy pobres, en forma indiscriminada, crea
un problema de justicia comparativa entre los países
que realizan esfuerzos para el ajuste estructural y los que
no hacen nada en esta línea.
4)
Que también existe un problema de discriminación
entre acreedores, en favor de los privados, que no están
sujetos a las decisiones del Club de París, o del Banco
y el Fondo. Este argumento, sin embargo, no parece tener mucha
fuerza, ya que los bancos privados que, por lo general, no
prestaron a los países que hoy son candidatos al perdón,
ya resolvieron sus problemas, acogiéndose a la propuesta
Brady, aunque fuera a costa de cancelar parte de sus créditos,
cedidos con más o menos descuento; y
5)
Que la cancelación de las deudas dañaría
la solvencia del FMI, el cual vería endurecidas sus
condiciones de financiación.
*
* *
Las posturas hasta aquí expuestas suponen aceptar,
explícita o implícitamente, que existe relación
de causalidad entre deuda externa y pobreza. Pero creo que
es legítimo pensar que las cosas son de otra manera.
En primer lugar, conviene, a mi juicio, recordar que el endeudamiento
en sí no es malo, ya que todos los países del
mundo, y más todavía los en desarrollo, necesitan
capitales para invertir. En este sentido, la concesión
y aceptación de créditos es una actividad plenamente
normal y razonable, como medio de satisfacer las necesidades
de los ahorradores y de los inversores. En un mundo cada vez
más internacionalizado, es lógico también
que ahorradores e inversores estén situados en países
distintos. Esto, en definitiva es lo mismo que decía
Juan Pablo II en el primer párrafo, de los que he reproducido,
de la Encíclica Sollicitudo rei socialis.
LA
RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS DE LOS PAÍSES
Lo
malo, pues, no es estar endeudado; lo malo es, tanto en una
empresa como en un país, es hacer mal uso del dinero
tomado a préstamo. Pero si, para seguir con el ejemplo
de la empresa, los préstamos se invierten en actividades
con rentabilidad superior al coste de la deuda, la empresa
podrá satisfacer los intereses y devolver el capital
prestado a su vencimiento o, caso frecuente, renovar el crédito
a satisfacción de los prestamistas. Esto es lo que
ha sucedido en determinados países, singularmente de
Asia, donde se encuentran los dos tercios de la población
de los países en desarrollo y donde no existe crisis
de la deuda, porque estos países utilizaron los créditos
en proyectos rentables para el desarrollo de su capacidad
exportadora. En cambio, los países que tropiezan con
dificultades son, por lo general, aquellos que han mal empleado
los fondos en gastos consuntivos, en el mejor de los casos,
con lo cual su capacidad de repago de la deuda ha quedado
reducida a la exportación habitual y poco remuneradora
de primeras materias.
Es
cierto que los elevados tipos de interés que predominaron,
sobre todo en la década de los ochenta, contribuyeron
a empeorar las cosas para países altamente endeudados
y con bajos precios a la exportación. Pero no es menos
cierto que bastantes de ellos han pasado, y siguen pasando,
por períodos de alta inflación, y nadie puede
negar que la persistencia de este fenómeno desencadena
consecuencias desastrosas para la economía de un país.
La inflación impide la formación de ahorro nacional
y fomenta la fuga de capitales, con lo cual la inversión
y el desarrollo quedan seriamente comprometidos. Al final,
el precio de la inflación lo pagan los más débiles
y pobres. Todo esto es evidente; otra cosa es ponerse de acuerdo
en las causas que provocan la inflación en un país.
Tampoco
puede negarse que la banca internacional obró imprudentemente
en los años setenta otorgando demasiado a la ligera
créditos a los países en desarrollo, imprudencia
que pagó en términos de rentabilidad para sus
accionistas y en términos de imagen de solvencia frente
a sus depositantes; y que, finalmente, le obligó a
reestructurar los créditos o incluso a venderlos con
descuento.
Pero
las penalidades que ahora soportan las poblaciones de los
países endeudados son la responsabilidad directa de
los gobernantes de estos países. Los políticos
que gobernaban y, en muchos casos, siguen gobernando los países
en desarrollo y que aceptaron los préstamos de los
bancos comerciales extranjeros tienen una seria responsabilidad
que, a mi entender, se articula en dos vertientes. Por un
lado, se opusieron a la llegada de capitales extranjeros en
forma de inversión directa, so pretexto de evitar el
colonialismo financiero y alegando que las transnacionales
que pretendían invertir o aumentar sus inversiones
en el área tenían propósitos explotadores,
si no expoliadores, cuando en realidad ésta era la
forma eficaz de contribuir al desarrollo de la zona. Por otro
lado, una vez escogida la opción del endeudamiento,
con no menos imprudencia que los prestamistas, hicieron mal
uso, cuando no fraudulento e incluso criminal, de los fondos
recibidos, en vez de invertirlos para el desarrollo, tolerando
o tal vez siendo los autores de la fuga al exterior de una
gran parte de los capitales recibidos; aunque no hay que descartar
la complicidad de los que, en los países desarrollados,
se beneficiaron o incluso pudieron organizar la corrupción.
En
cualquier caso, parece claro que los gobiernos de los países
deudores tienen, por lo menos, una parte de culpa en el origen
del problema, aunque sea extremadamente lamentable que esta
culpa la estén pagando poblaciones en niveles ínfimos
de renta, sin responsabilidad en el problema, salvo la que
pudiera alcanzarles por tolerar tales gobernantes, en el supuesto
de que en forma pacífica hubieran podido deshacerse
de ellos.
OTRO
POSIBLE ENFOQUE
Pero
lo que yo quisiera poner de relieve, para iluminar el camino
de la verdadera solución, es que, a mi juicio, la deuda
externa no es la razón de la pobreza de los países
que estamos contemplando. Las cosas son exactamente al revés.
La culpa de la pobreza de estos y otros países la tiene
el sistema de organización socio-económica y
política que impera en ellos. El desarrollo sostenido
de un país, según la corriente de pensamiento
económico más serio, depende de la existencia
de derechos de propiedad bien definidos y protegidos por la
ley; de un marco de estabilidad monetaria y presupuestaria;
de un sistema fiscal no confiscatorio; de mercados de factores
y de productos libres; de la libertad de comercio y de movimientos
de capital, y de la existencia de un Estado fuerte pero limitado,
garante de la paz interna, del imperio de la ley y de los
derechos individuales. Y esto es lo que no han tenido nunca,
desde su independencia, ni los países africanos ni
la mayoría de los iberoamericanos. Y así se
explica que estos países se debatan en el subdesarrollo
y sufran una pobreza que no les permite soportar la carga
de la deuda.
De
aquí que la verdadera cooperación al desarrollo
de los países pobres, no consiste en aliviar su deuda
sino en ayudarles a transformar sus sistemas económicos
para que la inversión y la creación de riqueza
en todos ellos sea posible. Y es en este punto donde no tienen
razón las ONG's, personificando en estas siglas todos
aquellos que sensibilizados por la situación de los
países pobres y llenos de buena voluntad, están
todavía anclados en la dialéctica Norte-Sur,
ignorando que la diferencia entre los países no es
la geográfica, Norte o Sur, sino la que se da entre
sistemas basados en la libre iniciativa y el mercado y sistemas
basados en el intervencionismo estatal, ya sean de corte tradicional
ya sean socialistas. Estas ONG's se quejan de que el FMI y
el Banco Mundial condicionen el perdón o alivio de
la deuda a la realización de reformas políticas
y económicas que hagan posible la inversión,
sin la cual es imposible la creación de riqueza en
cuantía suficiente para erradicar o paliar los penosos
efectos de la pobreza. Estas ONG's dicen, como yo les he oído:
no es justo que el FMI, el Banco Mundial o el Club de París
exijan a los países en desarrollo la adopción
de los modelos que imperan en los países desarrollados
y que no son los que ellos quieren tener, de acuerdo con su
manera de ser. Pero lamentablemente, los modelos que tienen
esos países son precisamente los causantes de su pobreza.
Por
lo tanto, para ayudar a los países pobres subdesarrollados
a salir de su pobreza, no hay que facilitarles subvenciones
o donativos, como se ha venido haciendo hasta ahora y que,
en muchas ocasiones, sólo han servido para perpetuar
las causas del subdesarrollo, como sucede en los países
subsaharianos que son los que reciben mayor ayuda per cápita
del mundo. Lo que hay que hacer es empujarles a cambiar el
sistema, reconociendo la culpa imputable al mundo desarrollado,
por haber exportado a esos países las ideas de un socialismo
intervencionista, presuntamente igualitario y garante del
bien común. Ideas que, si en los países desarrollados,
tras reconocer su fracaso, con daños por fortuna no
irreparables, dieron paso a concepciones más liberales
de la economía, han quedado enquistadas en los países
pobres, incapaces de soportar el experimento, con el subsiguiente
empeoramiento, en las últimas décadas, de los
indicadores socio-económicos, y en primer lugar del
PIB per cápita.
*
* *
LAS
PROPUESTAS PARA UNA VERDADERA SOLUCIÓN
La
consecuencia, para mí, es que el mundo desarrollado,
no sólo por razones de solidaridad, sino también
en interés del equilibrio del sistema financiero global,
debe ayudar al mundo en desarrollo; pero que esta ayuda no
radica en el perdón de la deuda. Aunque la deuda externa
fuera cancelada al cien por cien y de forma inmediata, lo
cual no sólo es imposible sino que sería injusto
con respecto a los ciudadanos de los países desarrollados,
tal cancelación, por sí sola, no resolvería
el problema del desarrollo de los países pobres. ¿Cómo,
pues, ayudarles de verdad? En mi opinión, por dos principales
caminos:
La
inversión directa de las transnacionales.-
El primero, ciertamente, lo ofrece la conversión de
la deuda en inversión. Pero no por el procedimiento
consistente en cancelar la deuda con el compromiso del gobierno
deudor de destinar el importe cancelado a determinadas áreas,
aunque puedan ser tan prioritarias como son la sanidad y la
educación. El buen procedimiento es el basado en la
compra de la deuda, a un precio de mercado o de subasta, por
una empresa transnacional de un país desarrollado,
la cual previamente ha negociado con el país deudor
las condiciones de la cesión de la deuda, contra moneda
local. La transnacional empleará este importe para
sus proyectos de inversión en el país, habiendo
negociado también las condiciones administrativas,
legales y fiscales para el desarrollo rentable del negocio
que pretende implantar y que creará puestos de trabajo
y generará salarios para los nacionales; al tiempo
que, si se trata, como será en un buen número
de casos, de la producción de bienes destinados a la
exportación, dará lugar al ingreso de divisas,
mejorando la balanza comercial del país. De esta forma,
con la reiteración de los casos, el país, por
sus condiciones en materias primas y mano de obra, se irá
convirtiendo en un lugar atractivo para la inversión
extranjera permanente, por parte de las empresas que, en un
mundo globalizado, buscan oportunidades de expansión.
La
restricción de la calidad del capital humano.-
Es cierto que la experiencia dice que las empresas de los
países desarrollados no se animan a la inversión
directa en países donde la calidad del capital humano
no ha alcanzado un cierto nivel. Y que la inversión
aumenta en proporción a la mejora de la calificación
profesional de las personas de los países en desarrollo.
Pero esta es una razón más para que la ayuda
se haga no en forma de donativos, que corren el riesgo de
ser dilapidados, sino destinando estos fondos a la creación
de instituciones docentes y sanitarias, gobernadas por los
países de las empresas inversoras en capital directo,
los cuales, estando interesadas en la mejora de la calidad
de los recursos humanos, pueden ser invitadas a participar
en estos proyectos que, si están bien concebidos, pueden
incluso ser rentables.
Es
una falacia decir que los métodos de gestión
propios de las economías desarrolladas no son aplicables
a los países en desarrollo, por causa de la diferencia
cultural. La diferencia cultural y, sobre todo, los sistemas
políticos imperantes en estos países, lo que
provocan es la imposibilidad de que, por el momento, sean
esos países los que apliquen el modelo de mercado.
Pero si las empresas transnacionales, de acuerdo con los gobiernos
de los países afectados y con la colaboración
de las instituciones multilaterales, son las que gestionan
las actividades empresariales, educativas o sanitarias, las
poblaciones, al ver las ventajas que se derivan de ello, sin
duda que lo aceptarán.
La
venta de agua potable.- Un ejemplo de que es posible
hacer inversiones en infraestructura en países en desarrollo,
atrayendo capital privado, lo proporcionaba el International
Herald Tribune del pasado 7 de abril, relatando lo sucedido
en Sudáfrica. La colaboración del gobierno,
las administraciones locales, el Banco Mundial y la multinacional
francesa Suez Lyonnaise des Eaux ha llevado agua potable a
más de 600.000 personas en Cisira, provincia de El
Cabo. En este pueblo, como en otros muchos de la región,
el agua siempre ha sido gratuita, pero insalubre. Los habitantes
de Cisira tenían que caminar a diario dos horas para
tomarla del río y transportarla a casa. Era frecuente
que la gente del pueblo, en especial los niños, enfermaran
por beberla.
Hoy,
los habitantes de Cisira se aprovisionan de agua de buena
calidad en los surtidores automáticos repartidos por
el pueblo. Introducen una tarjeta magnética para abrir
la válvula, y así pueden llenar sus cubos. El
sistema ha sido construido por Suez Lyonnaise. El agua se
extrae del río, es tratada en una depuradora y bombeada
hasta los surtidores. Se acabaron las caminatas y las enfermedades
causadas por el agua. Hasta ahora, Suez Lyonnaise ha desarrollado,
en El Cabo, unos treinta proyectos como éste. El plan
se propone llegar a un millón de beneficiarios en el
año 2005.
Para
que los proyectos tuvieran éxito, hubo que convencer
a la gente de que tenían que pagar por el agua potable,
lo que suponía cambiar su mentalidad y hacerles ver
que la tarifa del agua no era un impuesto, sino el precio
de un servicio que tiene un coste de mantenimiento. Pero,
se dudaba de que los habitantes, pobres casi todos, tuvieran
el dinero necesario. Se puso un precio asequible, 2-3 dólares
mensuales, que supone entre el 2% y el 5% de los ingresos
de una familia. Y se ha comprobado que los pobres están
dispuestos a pagar para tener agua en buenas condiciones.
El director de la subsidiaria de Suez Lyonnaise en Sudáfrica,
lo tenía claro desde el principio: "Si la gente
puede permitirse comprar una cerveza al día, puede
permitirse pagar por el agua. Es una cuestión de prioridades".
Los habitantes de Cisira lo corroboran: "¿Se imagina
lo que era pasarnos la vida yendo al río para sacar
un agua sucia y turbia? -dice una mujer del pueblo-. Es magnífico.
Por supuesto que conseguimos el dinero".
La
lucha contra la corrupción.- Pienso que esta
fórmula puede funcionar en muchos de los países
pobres y en diversos campos de actuación. Se podrá
decir que en el planteamiento hecho cabe la posibilidad del
soborno, la extorsión y demás lacras propias
del desgobierno y la corrupción. Y es verdad, porque
aunque los países implanten políticas fiscales
y monetarias acertadas, si en ellos no existe una buena gestión
de gobierno, si no cuentan con un sistema jurídico
que proteja los derechos humanos, los derechos de propiedad
y los contratos, y se enfrente contra la corrupción,
el proceso de cambio no será real ni completo. Contra
ello, en ausencia de instancias jurisdiccionales adecuadas
del país en desarrollo, o mientras éstas, a
consecuencia del deseable cambio en las sociedades civiles,
no aparezcan, las instituciones de los países de origen
de las multinacionales deberían supervisar el comportamiento
ético de las mismas. Pero podemos hacer algo más
y es utilizar los medios de difusión, que cada vez
más escaparán a los controles gubernamentales,
para intentar formar a las poblaciones locales en valores
democráticos, a fin de que, influyendo en la política,
obliguen a modificar los estilos autocráticos de gobierno,
siempre propicios a la corrupción.
LA
APERTURA DE LOS MERCADOS
El
otro camino, para cooperar eficientemente al desarrollo de
los países atrasados, es la apertura de los mercados
de los países industrializados a las exportaciones
de los productos en los que los países pobres gozan
de ventajas competitivas. Esta no es tarea fácil ya
que tropieza con los intereses de los grupos de presión
de los países desarrollados que pretenden protegerse
de la competencia de los países pobres, poniendo vallas
a la importación de sus productos. Y tropieza sobre
todo, con la hipocresía de los gobiernos y de las organizaciones
sindicales que, escudándose en razones de incumplimiento
de las normas sobre trabajo infantil, horarios laborales y
demás reglamentaciones, legislan en favor de las exigencias
de los grupos industriales, comerciales o agrícolas,
cuyos votos quieren conservar. De esta forma, olvidando que,
por ejemplo, los niños de estos países lo que
necesitan es sobrevivir, alfabetizarse y poder acceder a una
mayor formación, con la pretensión de protegerles
contra la explotación infantil, lo que hacen los países
desarrollados es perpetuarles en la miseria, aunque luego,
para justificarse, harán como que la remedian con dádivas
en dinero o alimentos.
Trabajo
de los niños y explotación infantil.-
Por otra parte hay que distinguir entre la explotación
infantil y el trabajo que permite a los niños ganar
dinero y adquirir destrezas, sin perjudicar su escolaridad.
A este respecto es ilustrativo lo sucedido en Sialkot (Pakistán),
gran productora de balones de fútbol cosidos a mano,
donde efectivamente se empleaba mano de obra infantil. Pero,
los dos tercios de los niños que cosían balones
lo hacían a tiempo parcial en casa, y el 80-90% iban
al colegio, cosa que, como no podían comprobarla los
observadores de la Organización Internacional del Trabajo,
motivó la supresión del trabajo a domicilio,
con lo cual muchas familias han perdido el salario de los
niños, y sus ingresos, por término medio, han
descendido alrededor del 20 por ciento.
El
error de las ONG's.- Lo chocante en este aspecto
es que las ONG's, tan interesadas en la defensa de los países
pobres, son los que, con ayuda de gente armada de pancartas
y bastones, se encargaron de reventar las recientes reuniones
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Seattle,
y del FMI y el Banco Mundial, en Washington, so pretexto de
oponerse a la globalización que, según el abanico
de organizaciones congregadas, ha de servir para sumir más
en la miseria a los países pobres. No se dan cuenta
de que están haciendo la tarea sucia a los grupos de
interés contrarios a la liberalización del comercio
internacional, cuyo principal efecto no sería perjudicar,
sino beneficiar a los países menos desarrollados.
Si
estos "abogados de los pobres" recordaran que las
mejores intenciones si están faltas de racionalidad,
producen efectos perversos, rectificarían la dirección
de sus tiros y se sumarían a los que pensamos que la
política que propugna la apertura de los mercados -tanto
de los países pobres como de los ricos- y la instalación
en los primeros de empresas extranjeras, en lugar de ser un
camino hacia más pobreza y explotación, constituye
el único medio para ayudar a esas naciones a exportar,
crear puestos de trabajo, elevar su nivel de vida y fomentar
una mejor sanidad y educación.
En
noviembre de 1999, en vísperas de la reunión
de Seatlle, Mike Moore, Director General de la OMC, dirigiéndose
a los Ministros de Comercio de los países que, en número
superior a 130, iban a congregarse, les exhortaba a declarar
la intención de eliminar todos los obstáculos
a las importaciones procedentes de los países menos
adelantados, convencido de que la aceptación de esta
propuesta ofrecería a los ciudadanos más pobres
del mundo el don de la oportunidad. Moore reconocía,
sin embargo, que, en conversaciones previas con los dirigentes
de muchos países desarrollados, su propuesta no había
recibido un aplauso generalizado, a consecuencia de las dificultades
políticas que entraña la eliminación
de obstáculos proteccionistas en sectores como la agricultura,
los textiles y el calzado.
Contra
esta cerrazón es hacia donde deberían encaminarse
las manifestaciones de las ONG's, que dicen tener el respaldo
de millones de firmas, porque, según afirma el Director
General de la OMC, a pesar de que las exportaciones de los
países menos desarrollados no representan más
que el 0,25 por ciento del comercio mundial, es de lamentar
que los derechos de aduana que los países ricos imponen
a los productos procedentes de los países más
pobres sean más elevados, por término medio,
que los gravámenes de que son objeto los productos
de otros países ricos. En Estados Unidos y Canadá,
por ejemplo, el importe de los derechos medios aplicados a
los productos de los países menos adelantados es el
doble del que se percibe en los demás casos.
Es
digno de observar que cuando las Naciones Unidas piden a los
países desarrollados que aporten el 0,7% del PIB como
ayuda a los países pobres, a todo el mundo le parece
bien y, a pesar de la inanidad de esta ayuda, se organizan
campañas para que los respectivos gobiernos adopten
este objetivo. En cambio, cuando los países pobres
demuestran un deseo sincero de participar en el mercado mundial
y de adoptar un sistema económico abierto y un régimen
comercial liberal, como sucedió en abril en la cumbre
de El Cairo, entre la UE y África, los europeos, que
sí aceptan aliviar la deuda contra compromisos de reformas,
se hacen oídos sordos a la apertura de los mercados.
"¿Acaso es mucho pedir -dice Mike Moore- que se
brinde a estos países en desarrollo la oportunidad
de elevar su nivel de vida mediante un sistema comercial global?
Este sistema ha dado muy buenos resultados en países
de la cuenca del Pacífico y en algunos de Iberoamérica.
Lo mismo puede suceder en otras partes del mundo".
Los
errores del proteccionismo.- Se me dirá que
la competencia, que deriva del libre comercio, debe ser entre
iguales. No es verdad. La desigualdad es la que da lugar al
comercio entre países y la competencia, que este libre
comercio genera, es la que beneficia a los menos ricos. Al
suprimir las barreras aduaneras, creando el Mercado Común
Europeo, hemos puesto en situación de libre comercio
a países desiguales y es precisamente gracias a las
oportunidades que la desigualdad proporciona, como los países
más atrasados de la Comunidad Europea pueden ir acercando
su renta per cápita a la de los más desarrollados.
Se
me dirá, también, que es inútil abrir
las barreras a países que no tienen capacidad exportadora.
Pero no es verdad que no la tengan. En primer lugar, podrían
exportarnos, si no se lo impidiéramos, sus productos
agrícolas y sus materias primas. Pero no les dejamos,
para proteger de la competencia a nuestros agricultores y
demás sectores afectados, que constituyen importantes
bolsas de votos para los partidos que quieran permanecer o
acceder al gobierno de nuestros desarrollados países.
Entre ellos, los europeos, que, dicho sea de paso, han diseñado
y sostienen la política agraria común (PAC),
que sin exageración puede calificarse como una de las
mayores irracionalidades económicas de nuestro siglo.
Por otra parte, esta falta de capacidad exportadora en la
que se pretende apoyar la inutilidad de abrir el comercio
a los países en desarrollo, quedaría corregida
si se pusiera en práctica la otra solución que
he presentado, es decir, el fomento de la inversión
de capital privado de los países ricos en industrias
ubicadas en los países subdesarrollados.
La
excusa del "dumping social".- Como antes
señalé, el argumento en el que se escudan los
adversarios de la globalización y especialmente los
sindicatos de los países ricos, para oponerse a la
apertura de los mercados, es que los países pobres
hacen competencia desleal porque producen sin respetar los
derechos laborales básicos. Para ilustrar el sinsentido
de esta postura, en orden a la cooperación al desarrollo,
no me resisto a relatar lo sucedido entre Camboya y los Estados
Unidos. En enero de 1999, Camboya firmó un acuerdo
con Estados Unidos sobre sus exportaciones textiles. Camboya
se comprometía a mejorar las condiciones laborales
en ese sector. A cambio, Estados Unidos prometía aumentar
un 14% la cuota de importaciones textiles de empresas camboyanas,
lo que suponía un aumento de 50 millones de dólares
al año. La mayor vigilancia del gobierno camboyano
sobre las condiciones laborales tuvo consecuencias positivas
para los trabajadores. En un país donde la renta per
cápita anual es de 180 dólares y donde los profesores
universitarios ganan 20 dólares mensuales, el salario
mínimo en la industria textil se fijó en 40
dólares al mes. A partir del acuerdo se autorizó
que los trabajadores textiles crearan sindicatos y eligieran
a sus representantes. Se hizo obligatorio conceder 19 días
de vacaciones pagadas. La perspectiva del aumento de las exportaciones
a Estados Unidos hizo que se crearan nuevas empresas, que
dieron trabajo sobre todo a mujeres. Es un trabajo duro: diez
horas al día, durante seis días a la semana,
cosiendo una prenda tras otra. Pero consiguieron ahorrar dinero
para mantenerse y ayudar a sus familias.
Llegó
el momento de recoger los frutos. Los representantes del gobierno
de los Estados Unidos reconocieron que el acuerdo había
logrado importantes mejoras laborales, en muy poco tiempo.
Pero el sindicato norteamericano del textil se opuso al aumento
de la cuota de importación de tejidos camboyanos, asegurando
que en Camboya persistían las violaciones de las normas
laborales internacionalmente reconocidas. El gobierno de los
Estados Unidos cedió y no amplió la cuota. Desde
esta decisión, adoptada el pasado diciembre, han cerrado
18 fábricas textiles y multitud de trabajadores han
perdido su trabajo y sus ingresos. Pero los trabajadores camboyanos
tienen el consuelo de saber que los sindicatos norteamericanos
velan por sus derechos laborales. No cabe mayor hipocresía.
El libre mercado hubiera enriquecido a los trabajadores del
textil camboyano; la intervención estatal, instigada
por los intereses de clase, les sume en la miseria.
*
* *
CONCLUSIÓN
Ya
sé que se muchos opinarán que el camino que
propugno para ayudar a los países pobres a salir de
su pobreza es demasiado largo, y que lo que necesitan los
pobres es ver remediadas sus necesidades de inmediato. No
me opongo a que se concedan ayudas en forma de donativos o
cancelación de deuda, para necesidades perentorias,
pero no como sustitución de los objetivos de fondo.
Aquí, como en tantos otros casos, es de aplicación
el antiguo apólogo: "si le das a un hombre un
pescado, le has resuelto el problema de un día; si
le enseñas a pescar, le has resuelto la vida".
Este
debería ser el lema de los países desarrollados
en relación con los no desarrollados. Hacer lo posible
para ayudar a los más pobres a ayudarse a sí
mismos. James D. Wolfensohn, presidente del Banco Mundial,
cuenta que llegó a la conclusión de que, para
abordar el futuro, necesitaba conocer mejor a sus clientes
en cuanto personas. Por ello, el Banco emprendió el
estudio Voces de los pobres y sus equipos conversaron
con 60.000 personas, de 60 países, sobre sus esperanzas
y realidades. Después de citar algunas de las voces
recogidas, Wolfensohn concluye: Son voces sonoras,
una demostración de dignidad. Estas personas representan
un activo valioso, no pueden ser simplemente los destinatarios
de nuestras obras de beneficencia. Con oportunidades y esperanza,
ellos pueden construir su propio futuro. Porque, cuando a
los pobres se les pregunta qué es lo que representaría
el mayor cambio en su vida, la respuesta es: organizaciones
propias para poder negociar con el gobierno, con los comerciantes
y con las organizaciones no gubernamentales; programas impulsados
por las comunidades, para elegir su propio destino; propiedad
local de los fondos, para poner freno a la corrupción.
Que
es posible llegar a esta situación de autogobierno
y autoestima, lo prueba una de las voces recogidas
por el estudio del Banco Mundial; la de Bashiranbibi, de Asia
meridional. "Al comienzo tenía miedo de todo y
de todos: de mi esposo, del poblado, de la policía.
Hoy día no temo a nadie. Tengo mi propia cuenta
bancaria. Soy la jefa del grupo que se encarga de los ahorros
en el poblado. Hablo a mis hermanas acerca de nuestro movimiento".
Lograr que este estado de ánimo se haga realidad para
muchos, pasa por el doble camino que he señalado. Uno,
fomento de las inversiones industriales en los países
en desarrollo, por parte de empresas de los países
desarrollados, aprovechando o no la conversión de la
deuda y los fondos de contrapartida. Dos, apertura de las
fronteras a las primeras materias y productos elaborados de
los países pobres, suprimiendo las barreras aduaneras.
Por
lo tanto, sin negar que puede haber una ayuda al desarrollo
en forma de donativos o, lo que equivale a los mismo, perdonando,
con determinadas condiciones, parte de la deuda de los países
pobres, pienso que, para no quedarse en las ramas, sino yendo
a la raíz del problema, las dos fórmulas que
he sugerido pueden inscribirse en la línea de las soluciones,
que el Papa nos invitaba a buscar, para resolver el verdadero
problema de los países en desarrollo que no es la deuda
externa sino su incapacidad, aunque se les liberara de toda
la deuda, para salir, por ellos solos, de la situación
de pobreza en que se hallan, a consecuencia de los modelos
políticos y socio-económicos imperantes en ellos.
(*)Ponencia
presentada en el IV Simposio Internacional de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Navarra sobre la Deuda Externa, bajo el título "La
necesidad de compaginar las exigencias de la justicia y de
la solidaridad en la solución del problema de la deuda
externa".
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