Últimamente,
tanto en la Argentina como en otras naciones, se está
volviendo a una contraposición entre la Iglesia y el
estado, respecto a temas educativos, que en cierto sentido
había sido superada por el Constitucionalismo moderno.
Cuando
el iluminismo de corte positivista influyó en las nacientes
repúblicas europeas del s. XIX (también en las
colonias americanas, excepto EEUU), los gobiernos toman la
educación en sus manos como un bastión de su
“gestión cultural”. Los estados-nación
debían basarse en ciertos contenidos culturales comunes
(idioma nacional, historia nacional, educación enciclopédica)
y por consiguiente sus gobiernos emprendieron la tarea de
“redimir en la razón” a los ciudadanos
para que dejaran de ser súbditos. Por supuesto, fue
una ilusión, porque pasamos a ser súbditos de
un racionalismo que a todos nos envuelve como creencia cultural,
sin que nos demos cuenta. Pero, más allá de
eso, pasados los primeros tiempos de un duro laicismo, la
educación privada siguió abriéndose paso,
ya no como un instrumento de las confesiones religiosas “contra”
el monopolio de los gobiernos, sino también como el
legítimo derecho de toda persona a decidir sobre la
educación de sus hijos.
Sin
embargo, la historia de la educación privada en el
s. XX muestra, en algunos casos, que se considera vencido
el monopolio escolar por parte del estado con la sola existencia
de institutos privados desde un punto de vista de la administración,
pero que sin embargo deben seguir los planes y programas de
estudio de los gobiernos. Esto, en sus tres niveles, pero
no es poco frecuente (y la Argentina es un buen ejemplo) que
ese tipo de monopolio escolar sea de tipo federal.
De
este modo, la opinión pública en general, y
católicos en particular, han perdido de vista, en estos
debates, la cuestión de la libertad de enseñanza.
Ahora, que ciertos “issues” afectan particularmente
(como por ejemplo la educación sexual) el debate no
sólo pasa por tal o cual tipo o contenido de planes
y programas, sino por el derecho que los padres tienen a decidir
en esas materias. No es cuestión de “si debe
haber o no educación sexual en los colegios”,
así, in abstracto y en general, sino que los colegios
privados, si son tales, tienen del derecho a no seguir el
programa estatal si así les parece. Esto es, se trata
de quebrar verdaderamente el monopolio escolar en materia
educativa.
Por
supuesto, no es todo. Atenta contra la sana conciencia de
cualquiera que temas tan delicados sean tratados indiscriminadamente
en un aula llena de pequeñas criaturas atentando contra
su natural sentido de la intimidad y el pudor. Pero, si ello
sucede en institutos del estado, al menos “debería
estar fuera de discusión” que ello no debe extenderse
a los institutos privados. Pero no. No está fuera de
discusión, es más, ni siquiera se plantea el
tema. Y ese es el problema.
El
Instituto Acton, que tiene como misión la difusión
de los principios de una sociedad libre y virtuosa, en armonía
con los principios cristianos, no olvida que la libertad en
la economía no es más que una extensión
del principio de libertad humana en tanto ejercicio de los
derechos de la persona. Hay distinción entre Iglesia
y estado sencillamente porque existe el derecho a la libertad
religiosa. Y debe haber distinción entre estado y educación
sencillamente porque existe, aunque no se pida, aunque no
se respete, aunque no se ejerza, el derecho a la libertad
de enseñanza.
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